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El fondo estará dotado con 6.108 millones de euros en ayudas para los sectores de la pesca, la acuicultura, la transformación y la comercialización.
España, como primer país preceptor del FEMPA, recibirá más de 1.120,44 millones, correspondiéndose a un 21,1% del presupuesto total.
La sostenibilidad, es el punto de partida sobre el que se sostiene la estrategia de este fondo europeo y se ha desarrollado en el marco de las estrategias del Pacto Verde Europeo, de la Política Pesquera Común, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la política marítima de la Unión Europea.
El objetivo de estas acciones que la actividad pesquera sea viable y sostenible, además de asegurar la conservación de los ecosistemas marinos.
A través de los Grupos de Acción Local (GAL), se pretende fomentar la acuicultura sostenible y competitiva, además de modernizar y dinamizar la cadena de valor y dar un impulso a la economía azul y a las comunidades pesqueras y acuícolas locales.
El programa prima la producción y comercialización a pequeña escala de los productos pesqueros y acuícolas, dando mecanismos que potencien la digitalización, innovación y el relevo generacional.
La Conferencia Sectorial de Pesca en julio de 2021, sirvió para aprobar esta dotación financiera y sus aplicaciones de la siguiente forma: 49,1% a pesca, 37,6% a acuicultura, transformación y comercialización, el 10% para el Desarrollo Local Participativo y el 3,3% para la gobernanza internacional de los océanos.
Cuadro de dotación según las comunidades autónomas:
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | REPARTO TOTAL |
|---|---|
| Andalucía | 152,72 |
| Aragón | 2,21 |
| Asturias | 24,32 |
| Islas Baleares | 9,30 |
| Canarias | 88 |
| Cantabria | 15,65 |
| Castilla y León | 6,79 |
| Castilla-La-Mancha | 3,08 |
| Cataluña | 55,67 |
| Ceuta | 1,60 |
| Comunidad Valenciana | 53,99 |
| Extremadura | 0,89 |
| Galicia | 366,19 |
| Madrid | 2,16 |
| Murcia | 19,96 |
| Navarra | 0,76 |
| País Vasco | 83,20 |
| La Rioja | 0,12 |
| TOTAL | 886,61 |
En este periodo se ha establecido que los recursos financieros que no sean utilizados por una comunidad autónoma puedan ser transferidos a otras que hayan agotado sus recursos y tengan una mayor necesidad.
