Holanda fracasa en su nuevo intento por perjudicar al sector naval español | Revista Ingeniería Naval

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Holanda fracasa en su nuevo intento por perjudicar al sector naval español

Holanda fracasa en su nuevo intento por perjudicar al sector naval español
abril 14
13:30 2016

Los Tribunales Comunitarios han vuelto a confirmar hoy, 14 de abril, la plena legalidad del actual sistema español de amortización anticipada para la financiación de activos, aplicable entre otros a la construcción de buques, que fue autorizado por la Comisión Europea en noviembre de 2012. Aquella decisión de la Comisión supuso un hito en el ámbito de la Unión Europea, por ser la primera vez que una medida de esta naturaleza era aprobada por la Comisión. La sentencia dictada hoy, corrobora el máximo nivel de seguridad jurídica del nuevo ‘tax lease’

El Tribunal de Luxemburgo ya rechazó en primera instancia, el 9 de diciembre del 2014, el recurso interpuesto por la asociación de astilleros holandeses contra la decisión de la Comisión Europea, por la que dicha asociación fue condenada en costas. Pese a ello, con la intención de seguir generando incertidumbre y perjudicar la actividad comercial naval de España, los astilleros holandeses lograron mantener abierto el litigio mediante un nuevo recurso ante el Tribunal de la UE. El Tribunal europeo confirma hoy que la sentencia dictada en primera instancia realizó una valoración correcta y suficientemente motivada al desestimar el recurso holandés, que pretendía la anulación de la decisión de la Comisión por motivos meramente procedimentales y formales. La sentencia vuelve a condenar en costas a los recurrentes holandeses.

Desde que el nuevo tax lease se puso en marcha en España, en el año 2013, se han acogido a este régimen un total de 27 operaciones, por un importe conjunto superior a los 925 M€ para contratos de construcción de buques generadores de más de 6 millones de horas de trabajo.


Esta nueva victoria judicial se une a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo que, el pasado diciembre de 2015, dio la razón al Reino de España al confirmar que el anterior sistema español de arrendamiento fiscal (antiguo tax lease) no constituía ayuda de estado, lo que supuso la anulación de la orden de recuperación que se había impuesto a las supuestas ayudas concedidas a través de aquel sistema.

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