La organización internacional de conservación marina solicitó esta información en marzo de 2012 amparándose en la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental,pero tuvo que recurrir a los tribunales para obtenerla. “Es la enésima vez que Oceana tiene que acudir a los tribunales para obtener una información que la ley obliga a facilitar. Nos resulta incomprensible que la Administración se niegue a facilitar datos sobre daños provocados al medio ambiente y ampare sistemáticamente a los infractores frente a quienes tratan de saber la verdad”.
En el caso del Burgas 3 y Schackenborg,el Ministerio de Fomento no respondió pero,a pesar del silencio administrativo,Oceana fue requerida a pagar la correspondiente tasa judicial. “Cuando la Administración no respeta la Ley 27/2006 nos obligan a acudir a los Tribunales,lo que implica también la exigencia de pagar la tasa judicial,y aunque la justicia ha reconocido nuestro derecho,solo nos devolverán el 60% de la tasa”, declara Ana Barreira,abogada de Oceana. “Asimismo, la Administración ha sido condenada a pagar 100 euros de costas,que es mucho menos de lo que nos devolverán por la tasa. Estas tasas son contrarias al Convenio de Aarhus puesto que suponen un obstáculo financiero al acceso a la justicia en materia ambiental”.
Fotos buques: http://www.marinetraffic.com/
Foto titular: Adrià Ariste Santacreu
