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El pasado 17 de diciembre, el Tribuna de la Unión Europea dictó sentencia sobre el caso del “tax lease” español, anulando el dictamen de 2013 que declaraba ilegal el anterior sistema y obligaba a los inversores a reembolsar las ayudas obtenidas. Dos meses de plazo y diez días suplementarios tenía la Comisión Europea para presentar su apelación, y apurando plazos, así lo hizo el pasado viernes.
El sector naval esperaba este recurso. La Comisión defenderá su decisión ante el Tribunal de Justicia, ha explicado de forma escueta Ricardo Cardoso, portavoz comunitario para temas de Competencia. Bruselas no quiere decir nada más. Ni en qué sustentará la apelación ni cuáles serán los plazos, al menos en esta fase del procedimiento.
El caso contra las ayudas españolas lleva casi 10 años abierto, desde que en mayo de 2006 la Comisión empezara a recibir demandas por el “sistema español de arrendamiento fiscal” (SEAF). El SEAF, denunciaban competidores de otros países, “permitía que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros españoles con descuentos de entre un 20 % y un 30 %, provocando así la pérdida de contratos de construcción naval para los denunciantes”. La sentencia de diciembre es clara. “Al no existir ventajas económicas en favor de las AIE, es errónea la conclusión de la Comisión según la cual dichas entidades se habían beneficiado de una ayuda estatal, puesto que sólo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas derivadas del SEAF”. Al no beneficiarse empresas concretas, o una sola, no se trata de ayuda de Estado ni discriminación, luego la argumentación legal de la Comisión no se sostenía, según el Tribunal.
Será finalmente la Corte Suprema la que decida si el antiguo tax lease era legal o no. Directa e indirectamente, la crisis del tax lease estuvo presente en el cierre de seis históricos astilleros (Unión Naval de Valencia, Factorías Juliana, MCíes, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Huelva y Unión Naval de Barcelona), en el concurso de acreedores de al menos otras dos factorías navales (Hijos de J. Barreras y Factorías Vulcano), en la quiebra de decenas de empresas auxiliares y en la destrucción de miles de puestos de empleo (unos 8.000 solo en las rías de Vigo y Pontevedra, según cálculos de los sindicatos).
Los astilleros cuentan hoy con un nuevo régimen de arrendamiento financiero que sí cuenta con el visto bueno de Bruselas y que también fue bendecido por la justicia europea, y que ya ha permitido la firma de importantes contratos en el País Vasco y en Asturias, principalmente.
La cantidad de dinero en juego no es pequeña, pero para la Comisión se trata de una cuestión de principios. Según datos del Ministerio de Hacienda, hasta 126 M€ a lo largo de cuatro años y medio son los que pudieron ahorrarse los inversores del sector gracias al esquema fiscal, y entre ellos compañías del Ibex 35 con poca vinculación con las navieras, como Telefónica, Santander, BBVA, Inditex, Gas Natural, Caixabank, Bankia, Banco Popular y Banco Sabadell, que recurrieron de forma particular ante el alto Tribunal europeo. El departamento que ahora dirige Margrethe Vestager, y que ha heredado numerosos dosieres complicados de la época de Almunia, cree que hay elementos suficientes para seguir adelante, pero necesitarán una nueva serie de pruebas y razonamientos para convencer a la Justicia comunitaria después de que está señalara de forma inequívoca que la Comisión «cometió un error» al sancionar al España y forzar el reajuste de las inversiones.
