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Puertos del Estado y las 28 Autoridades Portuarias dan un impulso clave al Marco Estratégico del sistema portuario de interés general.
Se han reunido durante dos días en La Granja en los que han debatido sobre sostenibilidad y transición energética, recursos humanos y gobernanza.
Sobre la mesa, asuntos tan importantes para mejorar la contribución del sistema portuario de titularidad estatal a una sociedad más próspera y equilibrada, como son los relativos a su propia competitividad y eficiencia, la sostenibilidad ambiental y el reto de la transición energética, la gobernanza o su capital humano, pieza clave en el buen funcionamiento de estos enclaves en un entorno de incertidumbre global.
El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, destacó «la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo para seguir transformando los puertos españoles en unos puertos más sostenibles -social, económica y medioambientalmente-, digitales, innovadores y seguros», como establece el Marco Estratégico, aprobado a finales de 2022.
Respecto a la sostenibilidad, se resaltó la importancia de proyectos iniciados, como el OPS para suministrar electricidad a los buques en puerto reduciendo emisiones y ruido, o la apuesta por los combustibles alternativos, sin olvidar las medidas de eficiencia energética implantadas por las propias Autoridades Portuarias, abordando también los enormes desafíos que suponen todas estas iniciativas y la mejor forma de llevarlas a cabo.
En el ámbito de los recursos humanos, se hizo hincapié en la necesidad de impulsar la formación adaptada a los nuevos perfiles y necesidades.
En cuanto a gobernanza portuaria, el presidente de Puertos del Estado informó a los presidentes y directores de las AA. PP. presentes sobre el inicio de los trabajos para el análisis de la gobernanza portuaria a escala global, a fin de establecer una comparativa con el caso español, trabajos que se prevé estén finalizados en un año aproximadamente.
En este estudio, se analizan aspectos específicos tanto de la estructura organizativa y de gobierno de distintos países, como del desarrollo de las infraestructuras o la regulación y prestación de los servicios portuarios.
En la jornada del jueves por la tarde, el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, y el director general de la Marina Mercante, Gustavo Santana, compartieron con los representantes del sistema portuario los desafíos del sector marítimo en estos momentos y las políticas puestas en marcha para afrontarlos.
Fondo de compensación interportuario
En el marco de este encuentro también tuvo lugar la reunión del Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario. Este mecanismo permite la redistribución de recursos dentro del sistema portuario estatal, según las necesidades, y va destinado a asuntos como ayudas a la navegación, insularidad o seguridad, y otros criterios como situaciones no previstas. El Comité aprobó la propuesta definitiva de distribución para 2024 y la propuesta inicial para 2025, así como el porcentaje de aportación de las Autoridades Portuarias que se mantiene en un 5%, y para las Autoridades Portuarias de los archipiélagos canario y balear, de Ceuta, Melilla y Sevilla de un 2,5%.
La propuesta inicial de distribución para 2025, tal y como se establece en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se destina a las ayudas a la navegación (9,7 millones de euros), a las Autoridades Portuarias por sus condiciones de especial aislamiento, insularidad y ultraperificidad (10,7 millones de euros), a las actuaciones en seguridad (1,6 millones de euros), al Fondo Puertos 4.0 (12,5 millones de euros) y a otros criterios según el artículo 159.5 b) (20,2 millones de euros).
El Comité también dio luz verde a la actualización del programa de actuaciones el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria derivado de los Planes de Empresa 2025, así como al presupuesto del Fondo para el próximo año.
El Fondo pasa a estar conformado por 60 actuaciones que representan una inversión total de 1.874,9 millones de euros, para las que se prevé una aportación máxima de 837,4 millones de euros procedentes de los recursos generados por los organismos públicos portuarios.
