Donoso aseguró que el sector eólico es absolutamente consciente de la complicada situación económica que atraviesa el país,por lo que está dispuesto a aceptar,“en aras de la solidaridad”,una regulación restrictiva,con cupos anuales,limitación de horas primadas,aplicación del régimen económico en función de los objetivos… “Pero nos hemos encontrado con un sistema que no cumple con la rentabilidad razonable que exige la Ley del Sector Eléctrico,por lo que es ilegal; no vela por el interés general,ni permitirá mantener el liderazgo mundial del sector”,añadió.
La propuesta regulatoria que el Gobierno envió el pasado 28 de septiembre a la CNE contiene puntos que el sector no puede aceptar. En primer lugar,un cambio de modelo hacia un sistema de primas variables en el tiempo por el que éstas se rebajarían automáticamente para todos los parques instalados bajo el esquema de la nueva regulación si se superasen los cupos anuales. Además,las condiciones económicas propuestas que,supondrían un recorte de facto del 40% sobre la retribución del Real Decreto 661/2007,no garantizan la rentabilidad razonable de los proyectos,por lo que no se podrá acceder a la financiación.
Donoso reclamó a los responsables políticos que rectifiquen su postura para no provocar la parálisis del sector. No fue el único: Marina Sevilla,directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón,afirmó que hoy mismo “emitiremos un informe en la línea de que el Ministerio se repiense el real decreto”.
Representantes de los fabricantes (Vestas),los promotores (Eolia Renovables) y la banca (La Caixa) debatieron sobre el futuro del sector si sale adelante el marco normativo en los términos actuales. Y todos fueron tajantes: el sector industrial se verá abocado a las deslocalizaciones,los promotores tendrán que invertir fuera de España y los bancos buscarán países en los que encuentren mayor rentabilidad.
Asimismo,consideran que será imposible cumplir los objetivos eólicos previstos en el Plan de Energías Renovables 2011-2020 y,por lo tanto,llegar a los objetivos exigidos por Bruselas de que el 20% del consumo energético proceda de fuentes renovables en 2020.
El empleo fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Según los cálculos de AEE,si se destruyen 15.000 empleos,el coste para las arcas públicas será de 233 millones al año,frente a los entre 20 y 60 millones de euros anuales que Industria pretende ahorrar con el nuevo real decreto.
Representantes de UGT destacaron que cada trabajador del sector eólico aporta al PIB 91.000 euros anuales,frente a una media en España de 56.000 euros. Además,el 50% de los empleados del sector tiene titulación superior. Tanto UGT como CCOO,que se quejaron de no haber tenido conocimiento de la existencia del borrador de real decreto,afirmaron que estudiarán la situación y harán lo posible para cambiarla. Están comenzando a estudiar la posibilidad de movilizar a los trabajadores en la defensa de sus puestos de trabajo.
