Ingenieros y funcionarios denuncian la indefensión de los titulados por el sistema antiguo

El Instituto de la Ingeniería de España,la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros y la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado se reunieron el pasado miércoles para denunciar el escenario post-Bolonia de la Universidad española. Desde estas organizaciones se denuncia el problema generado con la homologación,equivalencia,convalidación y correspondencia de títulos universitarios obtenidos conforme a planes de estudios previos a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el Sistema Universitario Español.

Elena de Vicente,presidenta de Fedeca,ha denunciado la “sensación de desprotección tanto en el sector público como en el privado”,y ha lamentado que en lugar de aplicar un sistema de 3+2 años de estudios,como en el resto de Europa,en España se haya aplicado un 4+1 (Grado de 4 años + Máster de 1).

Los convocantes denuncian que debe exigirse titulación de Máster,o equiparación al nivel correspondiente para los titulados pre-Bolonia,para concurrir a las pruebas selectivas del subgrupo A1 de la Administración Española,ya que,de lo contrario,la diferencia entre los Cuerpos de Subgrupo A1 y A2 -para los que se exigía una diplomatura o una ingeniería técnica- quedaría desvirtuada.

Por eso ha pedido una equiparación automática de las antiguas ingenierías al nivel 3 del MECES,el Marco Español de Calificaciones,y al EQF7,el nivel 7 del Marco Europeo (EQF).

Jesús Rodríguez Cortezo,presidente de la Asociación de Ingenieros Profesionales de España,ha recordado que llevan denunciando el problema “años”. “España es el único país que no ha obedecido a la Comisión Europea en la homologación de su marco de cualificaciones.”

Diego Álvarez González,ingeniero recién titulado,y que ha conseguido más de 42.000 firmas en Change.org para que el Gobierno resuelva el problema,ha declarado que la situación está denunciada en la Comisión Europea y ante la Defensora del Pueblo,por el incumplimiento por parte del Estado de la obligación impuesta por Europa,cuya fecha límite era 2013. “No tiene un coste,es sacar un papel que lo diga”,ha subrayado.

Los ponentes han compartido las quejas en relación a los sucesivos plazos que el propio Ministerio de Educación ha ido prometiendo e incumpliendo: en enero dijo que tardarían seis meses en resolverlo,según Álvarez,mientras que a Elena de Vicente le dijeron en primavera que habría que esperar al otoño.