Jornada: “Implementación de la normativa para descarbonizar el transporte marítimo”

Fecha de celebración: 25 de junio 2024

Organizador:  Capitanía Marítima de Barcelona, de la Dirección General de la Marina Mercante

Colaborador: Port de Barcelona

El experto y coordinador de Sostenibilidad y Contaminación en la Dirección General de la Marina Mercante, Federico Navarro, expuso las normativas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) tanto a nivel internacional como europeo y describir las repercusiones que este proceso tendrá para el sector marítimo en España.

En la actualidad, las emisiones de GEI se regulan desde tres frentes diferentes.

• A nivel internacional, en el Anexo VI del Convenio MARPOL, de la Organización Marítima Internacional (OMI), se han establecido medidas a corto plazo, para mejorar la eficiencia energética de los buques, con el objetivo de reducir las emisiones de GEI por unidad de trabajo de transporte.
• A nivel europeo se regulan desde dos frentes, por un lado, desde el principio de quien contamina paga, mediante un sistema de derechos de emisión por tonelada de GEI emitida (ETS) y, por otro, sobre el combustible utilizado, estableciendo limites más restrictivos en el tiempo a la cantidad de las emisiones de GEI por unidad de energía (Reglamento sobre combustibles marinos de bajas emisiones FuelEU).
• A nivel nacional, se está trabajando en una estrategia específica de descarbonización para el ámbito marítimo, que irá acompañada de un programa de ayudas para el sector. Se trata de estimular el establecimiento de corredores verdes que permitan descarbonizar las rutas marítimas de extremo a extremo, lo que requerirá infraestructuras con capacidad para abastecer de nuevos combustibles o posibilitar la conexión eléctrica en puerto, además de la utilización de combustibles alternativos.

Tampoco obvió que uno de los posibles impactos de la incorporación del transporte marítimo al sistema de comercio de derechos de emisiones es el posible desvío del tráfico marítimo a otros puertos no comunitarios.

En este sentido, España lideró una declaración, apoyada por 10 países de la UE, para instar a evaluar el impacto de esta medida en el tráfico marítimo.