La primera operación coordinada entre administraciones y Guardia Civil contra los chárteres náuticos ilegales

Por primera vez, se ha llevado a cabo una operación conjunta entre diferentes organismos públicos con competencias en el control y vigilancia del dominio marítimo terrestre para intensificar la lucha contra los chárteres náuticos ilegales. La operación se ha desarrollado en el puerto y la bahía de San Antonio, en Ibiza.

El objetivo de este ejercicio coordinado es controlar e inspeccionar las actividades irregulares relacionadas con la actividad mercantil de transporte de viajeros; así como el fondeo en zonas ilegales o la recogida de personas en puntos no habilitados para ello. También se han realizado controles de documentación y permisos, así como de los títulos habilitantes de los patrones.

Durante el transcurso de esta campaña se ha procedido a realizar el seguimiento y control de embarcaciones de diferentes tipos; y se han iniciado 11 propuestas de sanción. El dispositivo ha contado con la participación de dos inspectores de la Capitanía Marítima de Ibiza y Formentera; de la Guardia Civil, con una patrulla del Grupo Especial de Actividades subacuáticas (GEAS); una patrulla PAFIF (Patrulla fiscal y fronteras), y una patrulla en tierra; un técnico de la Dirección General de Transporte marítimo y aéreo del Gobierno de las Islas Baleares; la responsable de Delegación de Costas para Ibiza; y un equipo del personal de Puertos constituido por 5 guardamuelles y el jefe del puerto de San Antonio.

Esta iniciativa mancomunada responde a la detección, por parte de las diferentes administraciones competentes, de un incremento en las operaciones de chárter náutico ilegales que se dan en la bahía de San Antonio. Este tipo de empresas hacen un uso indebido de la costa. Utilizan de forma ilegal los muelles de las golondrinas, para cargar y descargar clientes, provisiones y personal de limpieza.

Ante los buenos resultados de esta iniciativa conjunta, las administraciones concurrentes podrían ampliar a diferentes puertos de las Islas Baleares operaciones de este tipo con el objetivo de intensificar los controles sobre las actividades irregulares relacionadas con los chárteres náuticos y evitar así la competencia desleal; el uso indebido de la costa, el fondeo sobre posidonia y los vertidos incontrolados en toda la comunidad.

Forma de actuar

Esta actuación refuerza las líneas de control del sector del chárter náutico que la Dirección General de Transporte marítimo y aéreo del Gobierno de las Islas Baleares inició en el año 2019. Estos mecanismos de inspección son, por un lado, la realización de inspecciones «in situ» a las empresas del sector con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la legalidad en su actividad y, por otro lado, una revisión aleatoria de la documentación presentada a la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo de las declaraciones responsables correspondientes a las embarcaciones destinadas al servicio de chárter.

Con relación a las inspecciones «in situ», las visitas de inspección consisten en la comprobación de la disponibilidad de la declaración responsable; la inscripción en el registro de empresas de chárter náutico, la posesión del certificado de navegabilidad en vigor; así como el despacho de Capitanía Marítima, la titulación náutica o los certificados. Durante estos controles también se ha comprobado la disposición de las embarcaciones de una zona de desembarque autorizado por la Demarcación de Costas.

Cabe recordar que en el transcurso de la última legislatura se llevaron a cabo diferentes actuaciones con relación al sector; como la aprobación del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el cual se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo. A raíz de la aprobación de este decreto, se confecciona y publica en la página web de la Dirección General de Transporte Marítimo y aéreo un listado de embarcaciones autorizadas.

Por otro lado, en la Dirección General se creó una unidad dedicada en exclusiva a esta materia. Está formada por un técnico marítimo, dos técnicos jurídicos y un auxiliar administrativo. Desde su creación, el número de expedientes sancionadores incoados por la Dirección General en materias de su competencia han aumentado exponencialmente, y a mitad de este año ya se ha superado el número de expedientes totales que se abrieron el año pasado; 25 expedientes a finales de julio de 2021, en comparación con los 24 totales del año pasado, mientras que en 2015 sólo hubo 3.